La Justicia concedió un amparo a favor de una jueza de Paz y dictó una prohibición de acercamiento y de actos de turbación directa e indirecta, a cuatro abogados, acusados en un caso de violencia de género, en protección a la integridad de la jueza.

La denuncia fue presentada el 16 de septiembre por la licenciada Gabriela Terraf, jueza de Paz de Tafí Viejo, ante el fiscal Conclusional Claudio Bonari, en contra de los abogados Carlos Alberto López de Zavalía, Javier Esteban López de Zavalía, Roque Javier José Avellaneda y Marcelo Rafael Avellaneda. 

Según dijo a LA GACETA Celia Debono, abogada de Terraf, los denunciados “se presentaron en los estrados del Juzgado con expresiones irrespetuosas”, tanto hacia las empleadas del Juzgado de Paz como a la jueza. “

Cuando hacían uso de la palabra utilizaban un tono de voz agresivo y elevado, amenazando con denunciarla ante su superior jerárquico”. 

En su resolución del 28 de septiembre, el juez Conclusional Raúl Cardozo dijo que, ante la posible existencia de amenazas y hechos de violencia psicológica que pueden repetirse”, estima “que se encuentra en riesgo la integridad física y psíquica de la denunciante”. 

Por ello, determinó que “corresponde ordenar la prohibición de actos de perturbación de los denunciados, quienes deberán abstenerse de realizar los mismos hacia la denunciante y su grupo familiar, dejando a salvo las actividades que sean propias del ejercicio de la profesión de abogados de los nombrados letrados (...) como así también de realizar cualquier acto de turbación, perturbación y /o intimidación directa o indirecta a la misma. Debiendo el personal policial tomar todos los recaudos pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto precedentemente a los efectos de resguardar la integridad física y psíquica de la denunciante”. 

El juez destacó que la medida cautelar autorizada se enmarca dentro de las previsiones del Art. 7 inc D de la Ley 24.632 (que aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y errradicar la violenbcia contra la mujer -”Convención de Belem do Pará”). Informó que las medidas serán por el plazo de seis meses, para evaluar las constancias de la causa, eventuales prórrogas de la medida, llamado y convocatoria a prestar declaración como imputados y conclusión de la investigación. Aclaró que el plazo puede ser prorrogado a pedido fundado del fiscal.